Años más tarde, ya como profesor, y como consecuencia de una movilización en la Escuela Preparatoria José María Morelos y Pavón originada por un conflicto de carácter sindical y laboral, renunció el licenciado Álvaro Miranda García a la dirección, siendo sustituido por Cuauhtémoc Olmedo en junio de 1978.3 Luego, de 1981 a 1983, fue regente del Colegio de San Nicolás.

Durante ese periodo llevó a cabo la remodelación del histórico plantel, para lo cual fue necesario el cierre temporal del primer patio del edificio, trasladándose los estudiantes a Ciudad Universitaria, aunque ello no impidió que se siguieran llevando a cabo actividades, como el acto del 8 de mayo, sólo que la fachada del Colegio sirvió como tribuna.4
En 1983, y no obstante su condición de regente del Colegio de San Nicolás, continuó su actividad política en la Universidad Míchoacana al formar parte del Movimiento Democráti- co Nicolaita de Transformación Universitaria, el cual también estuvo integrado por Ariosto Aguilar Mandujano, Moisés García López, Luis Salinas Iuárez, Salvador Tamayo, entre otros universitarios. Este grupo buscó desplazar a las fuerzas tradicionales que mantenían gran influencia en la toma de decisiones en la rectoría.

Manifestación en favor de la reforma a la Ley Orgánica y la democratización de la Universidad Michoacana, (AFIIH-UM).

En marzo de ese año, la Coordinadora de Universitarios en Lucha se movilizó y cerró Ciudad Universitaria, rectoría, tesorería, así como las instalaciones universitarias de Uruapan. Entre las demandas que motivaron estas movilizaciones se encontraban algunas de carácter material, así como el aumento al monto de becas asignadas a los moradores de estos albergues. La presión ejercida fue tal, que derivó en la salida anticipada del licenciado Fernando Iuárez Aranda de la rectoría.

El Movimiento Democrático Nicolaita de Transformación Universitaria comenzó a tener una marcada presencia en la vida universitaria, aunado a ello, la simpatía de este grupo hacia el proyecto político que encabezó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, le dio la posibilidad de entrar en la dinámica de la renovación de la rectoría, arrojándoles un resultado favorable con la designación de Cuauhtémoc Olmedo como rector. Desde un inicio, Olmedo manifestó que un punto central de su administración sería la democratización de los órganos de gobierno para lo cual se debía de desintegrar la Junta de Gobierno y restituirle las facultades que ésta tenía al Consejo Universitario, para que fuese la máxima autoridad de la institución. 5

 

CARACTERÍSTICAS DE SU RECTORADO: COLABORADORES Y ACCIONES

A su arribo a la rectoría, Olmedo Ortiz manifestó que el eje de su administración se centraría en cinco puntos: la nueva Ley Orgánica, la reforma académica, la reforma administrativa, el impulso a la investigación y el apoyo a la difusión de la cultura.
El proyecto del rector Olmedo estuvo dirigido hacia una democratización de los órganos de gobierno de la institución. La nueva administración tomó como ejemplo la Ley Orgánica de 1939 y el proyecto universitario de Natalio Vázquez Pallares, en el sentido de que la Universidad Michoacana debería ser democrática, popular y crítica, según lo manifestó el propio rector.

Olmedo Ortiz, al haberse identificado desde joven con la aspiración de gran parte de los uni- versitarios de eliminar a la Junta de Gobierno mediante una reforma a la Ley Orgánica, así como la búsqueda de la paridad de profesores y alumnos en el Consejo Universitario, impulsó desde el inicio de su administración una serie de iniciativas tendientes a reformar la legislación universitaria, concretamente lo concerniente a la designación de rector, las finanzas y la relación entre el Consejo Universitario y el rector.

Acompañando a Cuauhtémoc Olmedo en su gestión, estuvieron algunos universitarios destacados con una trayectoria que les permitió conocer ampliamente la vida universitaria. Como secretario general se desempeñó Salvador Tamayo, que había participado en las movilízaciones estudiantiles un par de décadas atrás como presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de Michoacán, época en que había conocido a varios personajes que tiempo después desempeñaron cargos en la Universidad Michoacana, el gobierno del Estado y el Partido Revolucionario Institucional.6

Asimismo, el maestro Ariosto Aguilar Mandujano fungió como secretario académico, quien se había distinguido desde décadas atrás por haber sido uno de los actores principales en momentos clave de la historia de la Universidad Michoacana desde 1966, al haber sido secretario general durante el corto periodo en la rectoría del médico Nicanor Gómez Reyes en ese mismo año. Sin embargo, una de sus mayores aportaciones fue la planeación y construcción de Ciudad Universitaria, además de haber sido uno de los principales promotores de una amplia reforma administrativa durante el rectorado del doctor Genovevo Figueroa Zamudio (1976- 1979).7

Como secretario particular estuvo Manuel Álvarez Barrientos, quien había sido dirigente estudiantil en los albores de las movilizaciones de mediados de los años sesenta.8 Aunque con varios de sus funcionarios no guardó una cercana amistad, sí pudo establecer una fluida comunicación, la cual ayudó a hacerle frente a varias problemáticas que desafió Olmedo Ortiz. Aunque la designación de tesorero era parte de las facultades de la Junta de Gobierno, los contadores Aquiles Gaytán y Félix Cerda colaboraron estrechamente con el rector, con el objetivo de tener un mayor orden y control sobre las finanzas universitarias.9

 

 

Vista de Ciudad Universitaria, (AFIIH-UM).

No obstante el proyecto democratizador del rector Cuauhtémoc Olmedo, hubo cierta continuidad con respecto a su antecesor, en virtud de que se le dio seguimiento a convenios y activi- dades con otras universidades y con los gobiernos estatal y federal. En este sentido, la administración de Olmedo Ortiz no estuvo desligada de la política educativa federal que perseguía nuevos mecanismos de administración basados en la evaluación externa y la autoevaluación, así como de planeación y una mayor coordinación con la Federación.

La Universidad Michoacana participó en la XXI Reunión Ordinaria de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUlES) Región Centro-Occidente con la ponencia "Criterios generales para la evaluación de la educación superior y la auto evaluación institucional", así como en el Encuentro Nacional sobre Administración Universitaria y Calidad en la Enseñanza Superior.

También la participación de esta Casa de Estudios en la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en el Estado de Michoacán, así como en el Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior y en el Consejo Regional para la Planeación de la Educación Superior, reflejó el ánimo de cooperación con el gobierno federal en temas administrativos y de reorganización institucional.

Ello indica que la rectoría de Cuauhtémoc Olmedo no estuvo desligada de las políticas educativas federales. La idea sobre la auto evaluación y evaluación por parte de organismos externos, fue aceptada en función de obtener mayores recursos económicos, así como la continuidad de subsidios extraordinarios destinados a las escuelas de Agrobiología y de Veterinaria y Zootecnia. Estos dos últimos recursos fueron otorgados con el objetivo de vincular a ambas escuelas con el sector productivo a partir de proyectos en conjunto, así como la ampliación y remo delación de sus infraestructuras.

De igual forma, Olmedo Ortiz impulsó en un primer momento dos cambios de carácter administrativo: la Dirección General de Bibliotecas y la Dirección de Servicio Social pasaron de la Secretaría de Difusión Cultural a la Secretaría Académica, dándole un impulso distinto a estas dos dependencias.

Por otro lado se concretó, con la colaboración de la Comisión de Cómputo, la instalación del Sistema de Nómina Computarizada, lo cual permitió agilizar los pagos a trabajadores académicos, administrativos y manuales, y entregar un comprobante por la cantidad pagada, además de que detallaron las cantidades del dinero retenido por concepto de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), impuestos y descuentos. 10

Por otro lado, hubo un importante apoyo hacia algunos posgrados, como la maestría de Metalurgia y Ciencias de Materiales. También se impulsaron cursos de titulación como el de especialidad en Vías Terrestres (Infraestructura de Transporte), cuya planta docente estuvo integrada por profesores del Departamento de Educación Continua de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Este curso permitió a la Universidad Michoacana establecer convenios con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y con el sector privado, representándole un ingreso de tres millones de pesos a la institución.11

En ese mismo sentido, la rectoría nicolaita concretó dos convenios más con la Secretaría de Educación Pública: uno por 700 mil y otro por un millón de pesos, ambos recursos fueron destinados a la adquisición de material bibliográfico y lectoras de microfichas, entre otros materiales. Un tercer convenio se estableció con la Universidad Nacional Autónoma de México como parte de un programa de intercambio académico que contempló asesorías para la formación de un sistema bibliotecario, de microfilmación, conservación y restauración de libros y documentos.12

En cuanto al tema financiero, la rectoría de Olmedo se divide en dos periodos: el primero tiene que ver con Aquiles Gaytán y el segundo con Félix Cerda, ambos estuvieron a cargo de la tesorería.13 La administración de Gaytán mantuvo el esquema de administraciones anteriores, propiciando un déficit que ocasionó conflictos entre la Universidad Michoacana y proveedores, lo mismo que un retraso en los informes de egresos. Por su parte, Félix Cerda impulsó una serie de cambios en el manejo de los recursos económicos y humanos. Esta nueva operatividad contempló un acercamiento entre tesorería y rectoría, en virtud de tener un control sobre lo que ingresaba y se erogaba.

LA NUEVA LEY ORGÁNICA

A la par de los cambios administrativos que estuvo realizando el rector, siempre mantuvo como un interés principal la creación de una nueva Ley Orgánica en la agenda universitaria. Hubo dos razones por las que el rector Olmedo impulsó, desde el inicio de su rectorado, una nueva Ley Orgánica y la desaparición de la Junta de Gobierno: primero, había pertenecido a la generación de estudiantes que vivió la intervención gubernamental en la Universidad, lo que propició la creación de la Junta, herencia de la administración arriaguista; segundo, el contexto en el que se desenvolvió la rectoría de Olmedo fue favorable para impulsar el anteproyecto de Ley Orgánica, en aras de la democratización de la Universidad, a raíz del apoyo del gobierno estatal encabezado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, aunque el desenlace de la reforma no fue el deseado por los universitarios. La Ley Orgánica entonces vigente databa de 1963 y tuvo una modificación en 1966.

Plaza universitaria "Joven Hidalgo", Ciudad Universitaria, (AFIIH-UM).

Ésta había sido concebida durante la gestión de Agustín Arriaga Rivera y para la década de los ochenta ya no era acorde con las necesidades y aspiraciones de la comunidad universitaria, debido a su crecimiento y al nuevo orden político y económico del país y de la entidad, además de que los propios universitarios no se sentían identificados con ésta, entre ellos el propio rector.

La comunidad universitaria mostró mucho interés por cambiar las formas en que se llevaban los destinos de la institución, había un deseo de romper con la centralización en la toma de decisiones, sobre todo en temas importantes como los planes de estudio y la distribución de recursos económicos. Otro punto a debate era la designación de las autoridades universitarias, si bien es cierto que durante 20 años pocas veces se habían presentado conflictos relacionados con la designación de directores y rectores, varios sectores no se sentían conformes con el mecanismo de designación, consideraban que no reflejaba la voluntad de profesores y estudiantes.

Para realizar la creación de la Ley Orgánica, se abrió una convocatoria para recibir las opiniones y propuestas de la comunidad universitaria, para ello se instaló la Comisión Especial 'de Legislación Universitaria, integrada por los licenciados Jaime Hernández Díaz, Alfonso Castañeda y Ricardo Color Romero, así como por el médico Moisés García López. Los grupos que mayor interés mostraron fueron la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL), el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) y la Sociedad de Ex alumnos. La mayoría de las propuestas presentadas por los participantes pugnaba por la eliminación de la Junta de Gobierno y la estructura vertical del gobierno universitario.

Como parte de las demandas de democratización del gobierno universitario, se planteó la participación de todos los sectores en el Consejo Universitario, para lo cual debían incluir a los sindicatos universitarios y a las casas del estudiante.

 
Efrén Capiz Villegas hace uso de la tribuna en el Colegio de San Nicolás, (AFIIH-UM).

El interés principal por crear otra Ley Orgánica era buscar un gobierno horizontal que permitiera una mayor gobernabilidad institucional al incluir a gran parte de los sectores. El reconocimiento de las casas del estudiante respondió de alguna manera a esa lógica, en función de su capacidad de movilización, organización y presión. El caso de los sindicatos no fue distinto, ya que también eran actores que tenían una amplia presencia en la institución.
Con la propuesta de la eliminación de la Junta de Gobierno, sus atribuciones pasarían al Consejo Universitario, sin embargo se debía definir como funcionaria. Además de trabajar en pleno, también lo haría a través de comisiones permanentes y especiales, en las que se contemplaron las siguientes: la de Rectoría, la de Presupuesto y Control, la de Planeación y Evaluación, la de Organización y Métodos, la Técnico Pedagógica y el Tribunal Universitario;14 mientras que las especiales se crearían para determinadas tareas.

La comisión que más atención llamó de los universitarios fue la de Rectoría,
ya que contaría con varias atribuciones de la Junta de Gobierno, entre las
que se encontraban: auscultar a la comunidad universitaria, posteriormente
proponer al Consejo Universitario una terna para elegir rector definitivo.

Designar un rector provisional cuando el titular faltara por causa injustificada, dictaminar sobre la renuncia y/o remoción del rector cuando el Consejo así lo determinara. Designar rector provisional cuando ante la desintegración del Consejo Universitario y la falta del rector, la institucionalidad de la vida universitaria así lo demandara.15

La integración de la Comisión de Rectoría fue uno de los puntos más debatibles. A partir de la lógica de la democratización y del interés de los grupos de poder universitarios por controlar la comisión, se definió el número de integrantes en general y por sector, quedando conformada por cuatro directores, uno de ellos la presidiría contando a su vez con el voto de calidad; tres consejeros profesores y dos alumnos. La naturaleza y funcionalidad de la comisión fueron consideradas como un garante de la autonomía universitaria por la reintegración de la facultad del Consejo Universitario para designar al rector.

Contrario a lo que se pensó en aquel momento sobre la democratización de los órganos de gobierno, el modelo unicéfalo de universidad centralizó la toma de decisiones en un solo cuerpo colegiado: el Consejo Universitario. Aunque funcionaría por comisiones permanentes y especiales, los dictámenes de éstas se someterían a la consideración del pleno del Consejo, donde éstos podrían ser modificados o no aprobados. Asimismo, con la centralización de las facultades en el Consejo, se corría el riesgo de parálisis en momentos de conflicto, ya que no hubo una propuesta a la par de reformar el Estatuto Universitario, cuestión que sucedió en 1986.

Cuauhtémoc Olmedo enfrentó presiones externas, la mayoría provenientes del gobierno del Estado que mostró su interés en los artículos referentes a la integración de la Comisión de Rectoría y otros relacionados con el gobierno universitario, pero las sugerencias no se incorporaron al anteproyecto entregado posteriormente al gobernador. Tras la entrega del anteproyecto al Ejecutivo estatal, ya no hubo diálogo entre la rectoría y el ingeniero Cárdenas Solórzano referente a la Ley Orgánica.16

El gobernador tardó cerca de un año en remitir el proyecto de Ley Orgánica al Congreso local por varias razones: el tiempo que duró el análisis, así como las observaciones hechas por la Comisión de Reforma a la Ley Orgánica nombrada por el gobernador, la cual estuvo integrada por Cristóbal Arias Solís, Refugio Gallegos Sandoval, Hiram Ballesteros Olivares, Francisco Javier Ovando, Ramón Herrera y Pedro Flores.17

También es probable que el gobernador haya querido atender primero otras problemáticas en la entidad. En momentos, Cárdenas Solórzano se mostró distante en ciertos temas, entre ellos la Ley Orgánica, por lo menos mostró eso en lo público, aunque es posible que se esperara a los tiempos de la sucesión en la gubernatura. Y cuando el proyecto llegó al Congreso local, los legisladores de las bancadas del Partido Acción Nacional y del Partido Demócrata Mexicano señalaron que aquello fue un "albazo", ya que se anunció la sesión en donde se discutiría la Ley Orgánica con tan sólo unas horas de anticipación, situación que evitó que el proyecto se analizara ampliamente, por lo que las fallas en la legislación universitaria que ocasionaron parte del conflicto de 1986 pudieron haberse debido a que el citado proyecto no se analizó en el pleno del Congreso. 18

EL INICIO DEL FIN: RUPTURA CON LA JUNTA DE GOBIERNO y
EL DIVORCIO CON EL GOBIERNO ESTATAL

Los universitarios interesados en la nueva Ley Orgánica señalaron que el principal beneficio de ésta sería la desaparición de la Junta de Gobierno. Más allá del significado histórico de ese cuerpo colegiado y la relativa estabilidad que ésta generó en las sucesiones en la rectoría, la Junta regularmente entró en conflicto con varios sectores de la comunidad universitaria, principalmente con la rectoría, directores e investigadores por razones económicas. Una de las facultades de la Junta fue tener el control sobre el presupuesto, ingresos y egresos, así como la designación del tesorero, quien respondía a ella.

Conferencia del poeta Ramón Martinez Ocaranza en el Colegio de San Nicolás, (AFIIH-UM).

La resolución de los conflictos por lo regular recayó en la Junta, por lo que en varias ocasiones hubo inconformidad por parte de grupos que pugnan por la forma de solucionar algunas situaciones complejas. Por si fuera poco, en ocasiones los rectores entraron en conflicto con la Junta de Gobierno por no responder satisfactoriamente a sus sugerencias, o por no haber solucionado conflictos que estuvieron en
manos de éstos y no pudieron hacerles frente, lo que ocasionó su remoción.
Durante la primera mitad de la década de los ochenta la situación no varió, y con el arribo a la presidencia de la Junta de Gobierno del licenciado Alfredo Gálvez Bravo, en ocasiones pareció empeorar. Gálvez Bravo se distinguió por ser un personaje muy recto, pero sumamente estricto en todo sentido. Directores e investigadores se quejaron porque la revisión de los documentos y expedientes solicitando recursos económicos era muy rígida, y regularmente éstos no eran aprobados.

El rector Olmedo fue uno de los que tuvieran diferencias con la Junta de Gobierno. En un inicio las relaciones entre rectoría y Junta de Gobierno fueron buenas, hubo coordinación para solucionar varios pendientes en la agenda universitaria, sobre todo en cuestiones administrativas. Sin embargo, aquello entró en una fase de tensión a raíz del interés del rector por impulsar una nueva Ley Orgánica donde se planteó la propuesta de suprimir la Junta de Gobierno, se tensaron estas relaciones llegando al punto en el que este cuerpo colegiado no aprobó varias partidas presupuesta les que le correspondían a coordinaciones y departamentos académicos, y laboratorios.19